Consumidores Asociados estima que IP Chile ha vulnerado derechos de matriculados

Categoría de nivel principal o raíz: Doctrina y opinión jurídica Categoría: Doctrina y opinión jurídica en Chile Publicado: Martes, 05 February 2019 Escrito por Comunicaciones Consumidores Asociados

Luego de un análisis jurídico de los hechos denunciados por varios afectados por el caso de publicidad engañosa generado por el Instituto Profesional de Chile, IP Chile, la Organización de Consumidores y Usuarios del Libertador O'Higgins estima que, efectivamente, hay una vulneración de derechos establecidos en favor de los estudiantes matriculados para el año académico 2019.

Folleto de IP Chile que ofrece gratuidad para año 2019

Así lo concluye un breve estudio realizado por parte del equipo jurídico de Consumidores Asociados, la ODECU del Libertador, que concluyó que la publicidad engañosa de IP Chile implica una infracción a varios derechos de los consumidores y usuarios, señalados en la ley 19.496.

La información y publicidad es materia que regula expresamente la ley de protección al consumidor. El artículo 3, letra b), del mismo cuerpo legal establece: “El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente.”

De los antecedentes que han sido aportados por los consultantes, como folletos, publicaciones en los diarios, u otras piezas publicitarias se puede inferir que, efectivamente, existe publicidad engañosa por parte de IP Chile.

Respecto a esta materia y directamente relacionado con el artículo 3, letra b), se encuentra el artículo 28 de la ley de protección al consumidor que señala: “Comete infracción a las disposiciones de esta ley el que, a sabiendas o debiendo saberlo y a través de cualquier tipo de mensaje publicitario induce a error o engaño respecto de:

b) La idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende satisfacer y que haya sido atribuida en forma explícita por el anunciante;

c) Las características relevantes del bien o servicio destacadas por el anunciante o que deban ser proporcionadas de acuerdo a las normas de información comercial;

d) El precio del bien o la tarifa del servicio, su forma de pago y el costo del crédito en su caso, en conformidad a la norma vigente;"

Asimismo, el artículo 23, inciso 1, de la ley de protección al consumidor, señala:

“Comete infracción a las disposiciones de la presente ley el proveedor que, en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien.”

Por último, el artículo 3, letra e), de la ley 19.496, otorga a los consumidores "el derecho a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor, y el deber de accionar de acuerdo a los medios que la ley le franquea".

Con todo lo anterior, es relativamente fácil colegir que estamos antes hechos que transgrederían la normativa aplicable en esta ley, sin perjuicio de otras normas habituales del Derecho Civil, como el artículo 1545 que señala que los contratos son ley para las partes y otros más aplicables.

Consumidores Asociados, la ODECU del Libertador, entrega esta orientación jurídica para colaborar a que los afectados tengan a la vista los argumentos jurídicos, de carácter general, que podrían invocar en el evento de iniciar acciones judiciales, sin perjuicio de que seguirá orientando a todos los afectados que consulten por su caso particular al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., siguiendo rigurosamente las instrucciones entregadas en una nota anterior disponible aquí.

También informamos que se evalúan acciones judiciales en forma individual o colectiva con los afectados que se han comunicado directamente.

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