Derecho de consumo

Categoría destinada a sentencias judiciales y resoluciones administrativas, doctrina y jurisprudencia internacional sobre materias de consumo.

En Colombia: Así opera 'ley de quiebra' para personas naturales

Categoría de nivel principal o raíz: Doctrina y opinión jurídica Categoría: Doctrina y opinión jurídica internacional Publicado: Sábado, 01 October 2011 Escrito por Comunicaciones Consumidores Asociados

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Estos son los pasos que se deben seguir para aprovechar la Ley de Insolvencia Económica.  

A partir de la semana que pasó, los colombianos pueden acogerse a la Ley de Insolvencia, impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, y reglamentada por el Gobierno.  

Para el congresista liberal, la reglamentación de la Ley 1380 del 2010 abre una gran ventana de oportunidad para que millones se pongan al día con sus deudas. Aunque es claro que la norma se redactó pensando en ellos, aclara, no se descuida a los acreedores, que podrían recuperar sus recursos gracias al nuevo marco jurídico.

Saber a ciencia cierta a cuántos deudores morosos puede beneficiar la nueva ley no es tarea fácil, pese a que existen dos centrales de riesgos (DataCrédito y Cifín) que siguen, al detalle, los hábitos de pago de los colombianos.  

El problema es que allí no figuran miles de personas que tienen vencidas sus obligaciones inmobiliarias (arriendos) ni los que adquieren deudas con allegados, entre otras. Cálculos de Covinoc estiman que 2,5 millones de morosos le deben a la banca 12 billones de pesos.

 

REQUISITOS PARA SER DECLARADO INSOLVENTE Y SITIOS DONDE ACUDIR

Beneficios, si hay acuerdo entre las partes  

1. Si es en los primeros 60 días hábiles, no se cobrarán los intereses de mora causados durante ese período.

2. Se suspenden los procesos jurídicos y no se pueden iniciar nuevas acciones ejecutivas contra el deudor.  

3. No se le pueden suspender los servicios públicos domiciliarios cuando el acreedor sea una empresa de esta naturaleza.  

4. La persona sólo se puede acoger a la ley una vez cada seis años, siempre y cuando haya cumplido el acuerdo anterior, si lo hubiere.  

5. Habrá hasta seis años de cárcel en caso de fraude en información, documentos o calidad de los acreedores, si se finge la disolución de la sociedad conyugal o si hay insolvencia intencional.  

6. Se evitan largos procesos judiciales -lo cual descongestiona la justicia-, así como un mayor detrimento patrimonial de las partes.

 

TENGA EN CUENTA LOS DOCUMENTOS QUE DEBE LLEVAR AL CENTRO DE CONCILIACIÓN  

Inventario de sus activos y pasivos, certificado por un contador público y presentado bajo gravedad de juramento.  Informe que precise las causas que lo llevaron a la insolvencia.  Propuesta para la negociación de las deudas.  A partir de la admisión de la solicitud, el deudor debe llevar contabilidad.  

En caso de un acuerdo:

Debe ser aprobado por acreedores que representen más del 50 por ciento de la deuda. Tiene que respetar la prelación y los privilegios que establece la ley civil para las acreencias (tributarias, laborales, familia, con garantía real y quirografarias). El plazo para lograr el acuerdo es de 60 días hábiles, prorrogables por 30 más.

 

A QUIENES COBIJA ESTA NUEVA REGLAMENTACIÓN

Requisitos  

1. La Ley aplica solamente para las personas naturales.  

2. Deudores de buena fe y con voluntad de pago.  

3. Quienes hayan incumplido el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de 90 días.  

4. Deudores contra quienes cursen uno o más procesos ejecutivos.  

5. Aquellos cuyas deudas no sean menores al 50 por ciento de su pasivo.  

La diligencia puede hacerla en centros: Públicos Consultorios jurídicos de las universidades y centros de conciliación de las alcaldías y de entidades públicas. Privados Cámaras de comercio, notarías, Autorregulador del Mercado de Valores.

Conciliación  

37.707 deudores han podido saldar sus deudas en mora a través de conciliaciones con empresas de cobranza.  

53,5 millones de pesos es el valor máximo de los pasivos del deudor para adelantar el trámite de insolvencia ante un centro de conciliación público.

Fuente: Portafolio.co

Corte de Santiago condena a Falabella por cobrar seguro no contratado

Categoría de nivel principal o raíz: Sentencias judiciales Categoría: Sentencias de Cortes de Apelaciones Publicado: Domingo, 25 September 2011 Escrito por Comunicaciones Consumidores Asociados

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En la causa rol 742-2011, la Novena Sala del tribunal de alzada ratificó el fallo que condenó a Falabella Pro a pagar una multa de 30 UTM, equivalentes a $1.156.710 y una indemnización de $200.000 a Hilda Torres Castro.

En esta sentencia, los ministros Patricio Villarroel, Raúl Rocha y el abogado integrante Bernardo Lara ratificaron el fallo del Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago que condenó a la empresa por infracción a los artículos 12 y 23 de la Ley del Consumidor.

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Corte de Santiago condena a tienda París por publicar ilegalmente en DICOM a cliente

Categoría de nivel principal o raíz: Sentencias judiciales Categoría: Sentencias de Cortes de Apelaciones Publicado: Domingo, 25 September 2011 Escrito por Comunicaciones Consumidores Asociados

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La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a multitienda a pagar multa e indemnizar a consumidor por prácticas impropias.

En la causa rol 519-2011, la Séptima Sala del tribunal de alzada condenó a París S.A. a pagar una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a $1.927.850, y una indemnización de $5.000.000 por daño moral a Jorge Simonetti Gálvez.

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Corte de Apelaciones de Rancagua condena al BBVA por no respetar contrato a cliente

Categoría de nivel principal o raíz: Sentencias judiciales Categoría: Sentencias de Cortes de Apelaciones Publicado: Sábado, 24 September 2011 Escrito por Comunicaciones Consumidores Asociados

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La Corte de Apelaciones de  Apelaciones de Rancagua condenó a entidad bancaria a pagar una indemnización de perjuicios a cliente, a quien se remitieron sus antecedentes de una deuda inexistente al boletín comercial Dicom.

En fallo unánime (causa rol 230-2011), los ministros de la Primera Sala del tribunal de alzada Raúl Mera, Emilio Elgueta y el abogado integrante Diego Ruidiaz determinaron que el Banco BBVA debe pagar una indemnización de $17.500.000 (diecisiete millones quinientos mil pesos) por el daño moral provocado a Jorge Gómez Leiva.

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Corte Suprema condena a CFT Barros Arana por incumplimiento en contrato de educación

Categoría de nivel principal o raíz: Sentencias judiciales Categoría: Sentencias de la Corte Suprema Publicado: Sábado, 17 September 2011 Escrito por Comunicaciones Consumidores Asociados

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La Corte Suprema ratificó que un centro de formación técnica debe cancelar una indemnización  de aproximadamente $ 6.000.000 (seis millones de pesos) por su responsabilidad en el incumplimiento de un contrato que impidió otorgar el título a un joven, pese a haber cursado los estudios completos.

En fallo unánime (rol 7967-2011) los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal Milton Juica, Adalis Oyarzún, Sergio Muñoz, Guillermo Silva y la abogada integrante Maricruz Gómez de la Torre determinaron que el Centro de Formación Técnica (CFT) Barros Arana, continuador legal del Centro de Formación Técnica Pitágoras, debe cancelar las sumas de $ 983.000 (novecientos ochenta y tres mil pesos) por daño emergente y $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) por daño moral a un estudiante de la carrera de “Saneamiento y Protección del Medio Ambiente”.  

El demandante es José Luis Matamala Garcés quien entre los años 2000 y 2002 cursó la carrera antes señalada en el Centro de Formación Técnica Pitágoras, realizando incluso su práctica laboral en una institución de salud de Curanilahue. Sin embargo, al momento de tramitar su titulación sus antecedentes académicos fueron extraviados lo que impidió el término de su formación.

El extravío de documentación se detectó luego de que el CFT Pitágoras fuera traspasado al CFT Barros Arana, pero de acuerdo a los antecedentes del proceso no se produjo la entrega de toda la documentación de los alumnos y la carrera que cursó el demandante dejó de impartirse.  

El fallo del máximo tribunal declara inadmisible el recurso de casación en la forma y rechaza el recurso de casación en el fondo al determinar que no hubo infracción ni de la Corte de Apelaciones de Concepción, ni de la jueza del Tercer Juzgado Civil de Concepción, Carola Rivas Vargas, al determinar la responsabilidad del CFT Pitágoras y el CFT Barros Arana.

EL FALLO

“Resulta pertinente recordar que solamente los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos de la causa y que efectuada correctamente dicha labor, al determinar éstos con sujeción al mérito de los antecedentes, probanzas aportadas por las partes, interpretación y aplicación de las normas atingentes al caso en estudio, ellos resultan inamovibles para este tribunal, conforme a lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, no siendo posible su revisión por la vía de la nulidad que se revisa, al no haberse impugnado el fallo denunciando infracción a las leyes reguladoras de la prueba, circunstancia que conlleva concluir que el recurso en estudio adolece de manifiesta falta de fundamento, por lo que no puede prosperar, dado que las infracciones que denuncia pretenden alterar los supuestos de hecho en que se hace recaer la decisión”, dice el fallo.      

El fallo de primera instancia determinó la responsabilidad de los centros educacionales según el criterio que sigue. “Es menester recalcar que es el propio demandado quien afirmó, al contestar su demanda, que el actor no se encuentra impedido para obtener su Certificado de Título, por haber cumplido todos los requisitos académicos para ello; sin embargo, omite explicar  las razones por las cuales la institución no se lo ha otorgado ni ha estado llana a otorgárselo, a lo menos, luego de notificada la presente demanda, afirmando únicamente que ha sido el actor quien dejó transcurrir un largo espacio de tiempo sin requerir tal documentación (…) al menos, antes del 13 de diciembre de 2006, el demandante se había presentado y requerido los antecedentes para su titulación al demandado, en su calidad de continuador del C.F.T. Pitágoras, apareciendo evidente que ninguna respuesta fue obtenida por parte del demandado, quien se asiló en la inexistencia de documentación sobre el alumno, optando por requerirla del Ministerio de Educación. Esta situación es calificable de irregular por parte de la institución de educación superior, la que como continuadora legal de aquella que impartió la carrera que cursó al demandante, debe ser responsable de mantener la documentación de sus alumnos que los habiliten a obtener el título por el cual han estudiado y pagado, al menos por el plazo que la legislación o ellas mismas se impongan en su Reglamento, el cual, no se ha acreditado en estos autos”, dice el fallo.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EDUCACIONAL

Agrega que: “Ha quedado establecido en autos un incumplimiento de la demanda en el contrato de prestación de servicios educacionales pactado con el demandante, puesto que no obstante, ha reconocido en estos autos que el actor cumplía los requisitos académicos y reglamentarios para obtener su título, aquel no le fue otorgado, no acreditándose en estos autos, alguna justificación para ello, al contrario, el informe agregado a fojas 36, emanado el Jefe de Educación Superior del Ministerio de Educación, permite explicar esta situación, cuando indica que el Centro de Formación Técnica donde estudió el actor, fue muy irregular en la entrega de antecedentes, lo que corrobora la propia presentación que hace el demandado a dicho organismo el 13 de diciembre de 2006 (fojas 88) cuando ante la falta de documentación para cumplir con la titulación del actor, recurre a ellos para obtenerla, no obstante era su obligación, como continuador del Centro de Formación Técnica Pitágoras, mantener la referida documentación, para dar respuesta a la solicitud de titulación del actor”.  

Asimismo se determina que “A la luz de los antecedentes agregados a los autos, la demandada se ha puesto en la imposibilidad de dar cumplimiento al proceso de titulación del actor puesto que, conforme lo informa el Jefe de Educación Superior del Ministerio de Educación, a fojas 36, la carrera que cursó el actor fue cerrada por DEX N° 428 de 11 de junio de 2003, afirmando como solución que el actor convalide todos sus estudios y repita el proceso de titulación (…) Esta comunicación reafirma, entonces, que el perjuicio del actor se configura al haber cursado y pagado toda una carrera de “Saneamiento y Protección del Medio Ambiente”, cumplido los requisitos para obtener su titulación, sin que ello sea posible por el incumplimiento del demandado, continuador legal del Centro de Formación Técnica Pitágoras, donde los cursó”.

Fuente: Página del Poder Judicial de Chile.

Corte Suprema ratifica multa a supermercado Líder por atentado a la libre competencia

Categoría de nivel principal o raíz: Sentencias judiciales Categoría: Sentencias de la Corte Suprema Publicado: Miércoles, 13 July 2011 Escrito por Comunicaciones Consumidores Asociados

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La Corte Suprema ratificó que D&S deberá pagar una multa de 100 UTA (Unidades Tributarias Anuales), equivalente a $46.129.200 (cuarenta y seis millones ciento veintinueve mil doscientos pesos), por competencia desleal en la ciudad de Valdivia.

Destacamos este fallo aun cuando corresponde a una materia de libre competencia, debido a que demuestra lo que ya hemos planteado en el sentido de que las malas prácticas publicitarias,como las que hemos denunciado de la tienda ABCDIN, además de afectar los derechos de los consumidores, son también una práctica de competencia desleal.

En fallo dividido (causa rol 7500-2010), los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Haroldo Brito y el abogado integrante Jorge Lagos, rechazaron la reclamación presentada por D&S (Supermercados Lider, de Walmart) en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que le aplicó la multa.

La sentencia se refiere a actos cometidos en Valdivia y que afectaron a la empresa local Comercial Arauco Limitada, la que denunció dos acciones contrarias a la libre competencia realizadas por D&S: publicidad engañosa (competencia desleal) y prácticas predatorias de precios.

El TDLC determinó infracción sólo en el primer aspecto (competencia desleal), hecho que fue ratificado por la Sala Constitucional del máximo tribunal del país que, a su vez, rechazó una reclamación presentada por Comercial Arauco respecto del segundo punto (prácticas predatorias).

“Que tal como lo reconociera la propia demandada, la publicidad comparativa expuesta adolecía de diversas inconsistencias, a saber: comparación de productos señalados en la boletas de Supermercado Único omitidos en las boletas de Líder Valdivia; comparación de productos de Líder Valdivia que son de menor calidad que los comercializados por Supermercados Único; comparación de productos de Líder Valdivia en promoción versus productos de Supermercados Único no promocionados”, dice el fallo.

Y agrega que: “Las características de la publicidad comparativa de 'D&S' en la ciudad de Valdivia mencionadas permiten estimar a esta Corte que ella puede ser considerada como constitutiva de actos de competencia desleal que tendrían por finalidad alcanzar, mantener o incrementar una posición de dominio en el mercado. En efecto, es evidente que los consumidores opten, frente a la misma calidad, por los productos más baratos y, por tanto, es indispensable informar que se trata de promociones y su duración, situación que no queda clara en la publicidad llevada a cabo por la demandada”.

El fallo se adoptó con el voto en contra del ministro Haroldo Brito, quien fue partidario de acoger la reclamación de D&S, al considerar que la publicidad cuestionada no ha puesto en riesgo el mercado. “Que en ese escenario seis volantes de publicidad comparativa que resultaron ser efectivamente engañosos junto con avisos en prensa escrita local, no han podido poner en riesgo el mercado relevante identificado en estos autos y, por tanto, no concurre el requisito de aptitud mencionado. Esta idoneidad para que D&S alcanzara una posición dominante en el mercado de Valdivia no ha sido acreditada en este proceso, motivo por el cual no debió ser sancionada en sede de libre competencia”, sostiene el disidente.

Fuente: Página del Poder Judicial de Chile.

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