Durante años la Organización de Consumidores y Usuarios del Libertador O'Higgins, Consumidores Asociados, la ODECU del Libertador, ha propuesto una reforma de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.

Esta consiste en que la norma que establece un tamaño mínimo para la letra de los contratos de adhesión, de 2,5 milímetros, también se extienda y se exija para la letra de las pólizas de garantía, instructivos y manuales de uso, etiquetas de alimentos y medicamentos, etc.

A propósito de video de Francisca Imboden sobre presunta necesidad de cambiar la Constitución para proteger a los consumidores, debo decir que miente descaradamente.

El Tribunal Constitucional, TC, rechazó las facultades para el SERNAC pues afectaban la separación de poderes y el debido proceso. Se acusó que SERNAC sería juez y parte.

A pocas semanas de su presentación ante el 25° Juzgado Civil de Santiago y en forma particularmente veloz, el 1 de octubre de 2020, AGRECU llegó a un acuerdo con LATAM en el que, objetivamente, la asociación de consumidores, representada por el abogado Andrés Parra Vergara, ex abogado de CONADECUS, no obtiene nada más de lo que la empresa demandada ha ofrecido a sus clientes que no pudieron realizar los vuelos contratados con motivo de la emergencia sanitaria, excepto por lo que percibirá como costas del juicio, monto fijado en $37.000.000.

Un simple error, que nadie ha pagado, fue la causa por la que el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, perdió el juicio a través del cual pretendía obtener una reparación para todos los consumidores del país, afectados por la colusión en el precio de los pollos articulada por la Asociación de Productores de Pollos, APA, caso que fue ventilado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con sentencia condenatoria.

Por Alejandro Pujá Campos.

El 7 de enero de 2020 fue la fecha en que la Corte Suprema le puso la lápida definitiva a una seguidilla de desesperados intentos del SERNAC para revertir el fallo del 29° juzgado civil de Santiago, que rechazó la demanda rol C-28.470-2015. Así consta bajo el rol civil 20.626-2019 del Máximo Tribunal.